Crónica de Aragón
En Zaragoza, la Asociación independiente para defender la salud (ASIDES) viene, desde hace años, exigiendo a los poderes públicos que hagan cumplir la ley y las normativas establecidas sobre la obligatoriedad que tienen las operadoras de telefonía móvil de no instalar antenas a menos de 100 metros de hospitales, centros de salud, residencias y centros de mayores así como guarderías y colegios.
Esta medida, basada en el artículo 43.2 de la Constitución que dice “Compete a los poderes públicos tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…” viene siendo vulnerada por las grandes multinacionales de telecomunicación.
Diversas sentencias judiciales dictaminan su desmantelamiento, pero estas poderosas compañías eluden hacerlo, con una sorprendente pasividad de la Administración, que bien podría tildarse de complicidad. Con esa evidente desprotección, está pasando ahora lo mismo que ocurrió con el tabaquismo hace más de 70 años, cuando absolutamente nadie informaba sobre los efectos nocivos del tabaco. Entre aquellas multinacionales que publicitaban “fumar es un placer” y las de hoy con su slogan “ponga un móvil en su vida”, no hay otro fin que las cuentas de resultados y el beneficio a costa de lo que fuere.
Por eso, cuando uno lee que Asturias encabeza las tasas de mortalidad relacionada con el tabaco en España (mueren 10 asturianos al día a consecuencia del tabaco y uno de éstos por ser fumador pasivo) y que en España son más de 50.000 cada año los fallecimientos por tabaquismo, es como para echarse a temblar.
Hoy, los científicos demuestran los graves efectos nocivos del tabaco. La Universidad de Granada constataba que fumar acarrea –entre otras- una mayor posibilidad de patología cardiovascular y cerebral (dos factores de riesgo “central” de la depresión del anciano).
Un estudio británico muestra que el fumar potencia la mayor causa de ceguera en ancianos. Ese enorme aluvión de literatura científica condena el tabaco y ante ello, los poderes públicos (que nunca lo hicieron) salen ahora a la palestra diciendo que “Fumar provoca cáncer mortal de pulmón” o que el “Tabaco mata”. Las autoridades sanitarias advierten con retraso de décadas que “fumar perjudica gravemente la salud” pero… ¿Y los que se han quedado en el camino porque nadie les advirtió de lo nocivo que resultaba el tabaco?
En el pasado, a las multinacionales tabaqueras no se les sancionaba, sino que se les protegía (en España todos recordamos el monopolio de Tabacalera, con su bandera nacional en los estancos). Hoy, al menos en Estados Unidos, sufren sentencias, como es el caso de “Phillip Morris”, que ha sido condenada a pagar 28.311 millones de euros (unos cuatro billones de pesetas), porque en el pasado decía que no había evidencias de que el tabaco produjera cáncer, cuando ya habían pruebas más que suficientes para demostrarlo.
A fin de cuentas. Las multinacionales siempre dicen (ahora también con la contaminación de la telefonía móvil) que “no hay evidencias”. Ante ese planteamiento, la Organización Mundial de la Salud, sigue sin pronunciarse de manera categórica al respecto y ni tan siquiera recomienda tomar medidas preventivas, que es lo menos que debiera hacer, porque, como dice el refrán “Más vale prevenir que curar”. Mientras eso ocurre, los colectivos más indefensos de la población, como son los niños y nosotros los ancianos, nos encontramos completamente desprotegidos.
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